NEUQUÉN (AN).- "Ya no podemos mirar para otro lado, mientras haya segregación en las escuelas, hay una violación de los derechos humanos".
La afirmación la hizo el abogado Luis Bulit Goñi, vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down y candidato argentino al Comité de Expertos en Discapacidad de la ONU. Es también papá de un chico con síndrome de Down. Y sigue de cerca el caso de Bianca Fabi, la niña con síndrome de Down por la cual sus padres accionaron judicialmente por discriminación contra una escuela privada de Cipolletti.
–¿Qué significa el caso de Bianca y cómo lo sigue?
El caso de Bianca Fabi es sumamente importante no sólo para Bianca y su familia sino para todas las personas con discapacidad de nuestro país, ya que lo que está en juego es si de una vez por todas dejamos de lado eufemismos y aplicamos en la práctica el concepto de "educación inclusiva" al que la Argentina ha adherido formalmente al suscribir la Declaración de Salamanca de Unesco en 1994 y la Convención sobre Discapacidad de la ONU de 2006, como parte inescindible del "modelo social" de discapacidad. Como tal, viene siendo monitoreado por una red de abogados de varios países del mundo que coordina Inclusión Internacional, una ONG mundial vinculada a la discapacidad intelectual.
–¿Hay intenciones de inclusión de personas con síndrome de Down y cuál es la conciencia social ?
El tema no es sólo la inclusión de personas con síndrome de Down sino de todo tipo de discapacidad. La inclusión educativa es un proceso, un camino, que hay que ir construyendo todos los días. Nadie pide una inclusión a tontas y locas pero tampoco se puede admitir demoras injustificadas o la inercia que nada cambia. En España, por ejemplo, más del 80% de los niños y niñas con todo tipo de discapacidad se educan en escuelas comunes, sin perjuicio de ello, hay que analizar la calidad de esa inclusión ya que se están viendo problemas en su continuidad en la escuela secundaria. Lo importante del caso español es que ya nadie discute que hay que incluir. En Portugal, por ejemplo, en menos de dos años, a raíz de un proceso que viene de 2005, se cerrarán todas las escuelas especiales segregadas, las que se están reconvirtiendo en centros de apoyo profesional a la escuela común para lograr más y mejor inclusión educativa.
–¿Hay presiones sobre las escuelas que intentan terminar con este tipo de discriminación?
El problema es conceptual. Si uno revisa la ley de Educación argentina advierte que no respeta el modelo social ya que hace depender la inclusión de la situación particular del alumno. El modelo social de la Convención, que es ley y está por encima, nos dice otra cosa: que es la escuela la que debe adaptarse, cambiar, avanzar para atender y valorar la diversidad. Además, hay también intereses que juegan en contra de la inclusión. Y no estoy haciendo juicios de valor, pero hay intereses que van desde la comodidad de las familias en no cuestionar "lo que hay" a intereses económicos muy poderosos. Si uno piensa que una escuela especial cuesta más de 4000 pesos por mes, más que cualquier universidad privada, tenemos una pista
–¿Estos actos de discriminación pueden equipararse a una violación de los derechos humanos?
Claro que son violatorios. La Convención es parte de la normativa internacional y nacional sobre derechos humanos y lo dice expresamente. Ya no podemos mirar para otro lado. Mientras haya segregación en las escuelas, hay violación de los derechos humanos. Esto es algo que ni las autoridades educativas, ni las de un colegio, ni los jueces que tienen que resolver un caso pueden olvidar.
Fuente: RN
La afirmación la hizo el abogado Luis Bulit Goñi, vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down y candidato argentino al Comité de Expertos en Discapacidad de la ONU. Es también papá de un chico con síndrome de Down. Y sigue de cerca el caso de Bianca Fabi, la niña con síndrome de Down por la cual sus padres accionaron judicialmente por discriminación contra una escuela privada de Cipolletti.
–¿Qué significa el caso de Bianca y cómo lo sigue?
El caso de Bianca Fabi es sumamente importante no sólo para Bianca y su familia sino para todas las personas con discapacidad de nuestro país, ya que lo que está en juego es si de una vez por todas dejamos de lado eufemismos y aplicamos en la práctica el concepto de "educación inclusiva" al que la Argentina ha adherido formalmente al suscribir la Declaración de Salamanca de Unesco en 1994 y la Convención sobre Discapacidad de la ONU de 2006, como parte inescindible del "modelo social" de discapacidad. Como tal, viene siendo monitoreado por una red de abogados de varios países del mundo que coordina Inclusión Internacional, una ONG mundial vinculada a la discapacidad intelectual.
–¿Hay intenciones de inclusión de personas con síndrome de Down y cuál es la conciencia social ?
El tema no es sólo la inclusión de personas con síndrome de Down sino de todo tipo de discapacidad. La inclusión educativa es un proceso, un camino, que hay que ir construyendo todos los días. Nadie pide una inclusión a tontas y locas pero tampoco se puede admitir demoras injustificadas o la inercia que nada cambia. En España, por ejemplo, más del 80% de los niños y niñas con todo tipo de discapacidad se educan en escuelas comunes, sin perjuicio de ello, hay que analizar la calidad de esa inclusión ya que se están viendo problemas en su continuidad en la escuela secundaria. Lo importante del caso español es que ya nadie discute que hay que incluir. En Portugal, por ejemplo, en menos de dos años, a raíz de un proceso que viene de 2005, se cerrarán todas las escuelas especiales segregadas, las que se están reconvirtiendo en centros de apoyo profesional a la escuela común para lograr más y mejor inclusión educativa.
–¿Hay presiones sobre las escuelas que intentan terminar con este tipo de discriminación?
El problema es conceptual. Si uno revisa la ley de Educación argentina advierte que no respeta el modelo social ya que hace depender la inclusión de la situación particular del alumno. El modelo social de la Convención, que es ley y está por encima, nos dice otra cosa: que es la escuela la que debe adaptarse, cambiar, avanzar para atender y valorar la diversidad. Además, hay también intereses que juegan en contra de la inclusión. Y no estoy haciendo juicios de valor, pero hay intereses que van desde la comodidad de las familias en no cuestionar "lo que hay" a intereses económicos muy poderosos. Si uno piensa que una escuela especial cuesta más de 4000 pesos por mes, más que cualquier universidad privada, tenemos una pista
–¿Estos actos de discriminación pueden equipararse a una violación de los derechos humanos?
Claro que son violatorios. La Convención es parte de la normativa internacional y nacional sobre derechos humanos y lo dice expresamente. Ya no podemos mirar para otro lado. Mientras haya segregación en las escuelas, hay violación de los derechos humanos. Esto es algo que ni las autoridades educativas, ni las de un colegio, ni los jueces que tienen que resolver un caso pueden olvidar.
Fuente: RN