LA DEMOCRACIA NO PUEDE CONVIVIR CON REPRESORES

Quienes tenemos la responsabilidad de conducir una institución educativa no podemos mantenernos en silencio frente a la brutal actuación de la Policía de la Provincia de Río Negro en Bariloche. Las sociedades y los gobiernos se evalúan según como tratan a sus ciudadanos, especialmente a los más débiles y a quienes constituyen su futuro: los jóvenes. Nada justifica la muerte,  menos aún que ella irrumpa por la acción del estado que debería tener como horizonte permanente la promoción y protección de la vida. No puede alegarse la simplista y perversa división de las personas en gobernantes y gobernados, ciudadanos y delincuentes, ricos y pobres. Esas dicotomías mentales e ideológicas configuran los dramas que padecemos: cientos de víctimas de la violencia irracional del poder y su periferia.

La democracia es incompatible con la represión y la muerte. Duele recordar que en esta provincia se inauguró el gobierno elegido por el pueblo en 1983 levantando un programa de lucha contra el autoritarismo y, veintisiete años después, esa batalla la esté ganando una cultura cada vez menos pluralista y tolerante frente al débil, el pobre y el diferente.

Las autoridades del Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue reclaman  el fin inmediato de la represión en Bariloche, que los funcionarios responsables sean removidos y la justicia actúe en forma inmediata para juzgarlos. Es necesario iniciar un proceso de reflexión y un programa de acción acerca de la concepción del ejercicio del gobierno y del poder que nos permita retomar los principios fundadores de una democracia inclusiva, como universitarios nos ponemos a la cabeza de esta tarea y convocamos a todos los ciudadanos de bien que quieran acompañarnos.

 

Viedma, 19 de junio de 2010

 

Osvaldo Alonso

Decano

Centro Univeristario Regional Zona Atlántica

Matar al vecino pobre. La militarización de Bariloche

(AW) La muerte de tres jóvenes a manos de la policía de Río Negro en esa ciudad, merece recordar un hecho sucedido hace exactamente cinco años, ninguneado por los medios de comunicación comerciales.

Por Alejandro Haddad

Viernes 18 de junio de 2010, Agencia Walsh.

En menos de 48 horas, tres personas han sido muertas por la policía de Río Negro al tiempo que otras veinte resultaron heridas (dos de ellas de extrema gravedad). Se trata de una de las policías más represoras de la argentina, cuyo accionar estuvo apoyado por el grupo antimotines BORA. Se trata de policías nacidos y criados en los mismos barrios marginales de la ciudad, vecinos de esos chicos que mataron. Pobres contra pobres. La mayoría de ellos de ascendencia mapuche. Mapuches contra mapuches, como en la época del genocida Julio Argentino Roca y su excursión militar a las tierras patagónicas en las que usaba mapuche rehenes y extorsionados para combatir a sus hermanos. Un uso típico de los estados expansionistas.

Esta situación de sacar a la policía a las calles a combatir a sus hermanos no es la primera.

En el año 2005 Bariloche fue militarizada durante casi un mes. En esa oportunidad, un joven de diecisiete años había matado de un balazo en la cabeza a un remisero. Tanto el joven como el remisero provenían de barrios pobres. Los transportistas (remiseros, taxistas y colectiveros) comenzaron una huelga de 48 horas exigiendo justicia; exigiendo “mano dura”. Rápidamente, se sumaron al reclamo las castas más altas de la sociedad barilochense (muchos de ellos receptores felices de los jerarcas nazis) y los medios de comunicación comerciales.

Como pocas veces sucede, el poder político escuchó el reclamo “popular” de “mano dura” y sacó a las calles a todo su accionar represivo. La policía provincial, el grupo BORA (a quien se le pidió un refuerzo de 40 efectivos provenientes de otras partes de la provincia, principalmente de Roca), la gendarmería y la prefectura, fueron puestos en alerta y salieron a patrullar los barrios del Alto. El gobierno nacional, responsable directo de instituciones como gendarmería y prefectura, hizo un silencio cómplice.

En esos días se podía ver a gendarmes patrullando las calles de los barrios con escopetas tipo Itakas, descuidando la función para la que había sido creada: custodiar las fronteras y rutas nacionales. No había clima de desestabilización social, y por lo tanto, la gendarmería estaba de más en esas calles.

La prevención dio resultado. El joven asesino se arrepintió, llanto mediante, de lo que había hecho, y pidió unas disculpas que nadie escuchó. Fue detenido y trasladado a un instituto de menores hasta esperar el juicio. Es decir, fue separado de su familia y de la marginalidad del barrio que lo volvió un ocasional asesino. Pero las fuerzas represivas siguieron cumpliendo órdenes. Detuvieron a más de una docena de menores de edad alojándolos en comisarías donde pasaron noches en calidad de “desaparecidos”, ya que sus detenciones no fueron declaradas. Viajeros de colectivos eran arbitrariamente arrancados de los transportes y obligados a presentar documentación. Algunos de ellos sufrieron el destrozo de sus cartas de identidad. El barrio 34 de abril, uno de los más pobres del Alto y considerado como uno de los más “peligrosos”, se militarizó a tal punto que en esos días se corrió la voz de instalar una comisaría allí mismo.

Los medios comerciales nacionales invisibilizaron la situación a pesar de las constantes denuncias de vecinos sensibles y de organizaciones de Derechos Humanos asentadas en la ciudad.

La militarización fue tan grosera que hasta las propias voces que exigían “mano dura”, salieron a pedir por los mismos medios de comunicación que se sumaron a sus reclamos, a pedir que se baje el tenor represivo. Finalmente, y luego de más de veinte días en que la zona del Alto, la más pobre y marginada de la ciudad de Bariloche, viviera un virtual clima de estado de sitio, las fuerzas represivas se replegaron a cuarteles de invierno… Hasta hoy.

Vale destacar que la ciudad en cuestión posee a casi todas las fuerzas represivas con las que cuenta el estado. Policía provincial, grupo antimotines, gendarmería, prefectura, ejército y policía aeroportuaria.

Si vale otro dato, la policía provincial de Río Negro es una de las peores pagas del país a pesar de vivir en una de las localidades con un costo de vida superior a la media nacional. En 2005 cobraban 500 pesos de básico, la mitad de lo que cobraba un docente mal pago. Para la época, el alquiler de un monoambiente costaba exactamente ese dinero. La ironía que siempre nos presenta este sistema económico, se ha traducido en una huelga de policías que fue reprimida por sus propios compañeros del BORA. Reprimidos represores…

¿Será que después de este hecho de gatillo fácil, selectivo, contra sus propios jóvenes vecinos, la policía regrese a uno de los pocos modos de protesta que tienen los trabajadores pobres? ¿Será que, para seguir sobreviviendo, la policía se vuelva a volcar sobre aquellos a quienes asesina para sumar fuerzas a sus reclamos salariales?

¿Será que algún día les llegue un espejo a las comisarías y la policía pueda ver que su rostro avejentado por la pobreza es el mismo de aquellos a quienes mata?

Alejandro Haddad
Agencia Rodolfo Walsh

¿Alguien recuerda cuándo y porqué se creó el BORA?

El temible grupo especial BORA

Diversos integrantes del Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) repudiaron la “violenta represión” que causó la muerte de dos personas en Bariloche y cuestionó al grupo policial que intervino porque “ya cuenta con graves denuncias por hechos de violencia en otras localidades”. “Repudiamos la violenta respuesta estatal producida ayer (por el jueves) en la ciudad de Bariloche frente al reclamo por el asesinato del adolescente Diego Bonefoi a manos de un policía de la provincia de Río Negro”, señaló el comunicado firmado, entre otros, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria.

El ASD indicó que los episodios de represión violenta, y las muertes que acarrearon, “son una consecuencia directa de delegar la gestión de la seguridad en funcionarios que ya estaban comprometidos con el funcionamiento irregular de las policías”. El organismo se refirió de esa manera a la Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto (BORA), que intervino en la reciente represión, aunque “ya cuenta con graves denuncias por hechos de violencia en otras localidades de la zona, como El Bolsón”. La mención recordó los casos de apremios, golpes y detenciones tan arbitrarias como ilegales que, en noviembre del año pasado, se había desatado sobre ese antaño paraíso hippie, luego de que, como respuesta al asesinato de un remisero, las autoridades respondieran llevando al BORA a vivir al pueblo. La situación, denunciada en su momento por este diario, incluía amenazas a víctimas de las andanzas caprichosas de los efectivos, para disuadirlos de radicar denuncias por la violencia sufrida.
La decisión de solicitar la actuación del BORA es algo que “tiene que ser revisado de manera urgente”, advirtieron las organizaciones del ASD.



Fuente: Página 12