Quienes firmamos la presente nos hacemos cargo de la obligación de pronunciarnos en relación con los luctuosos sucesos acaecidos en San Carlos de Bariloche.
Han sido asesinados tres jóvenes. Tan sólo decir esto basta para sentir dolor y espanto. Han sido asesinados Diego Bonefoi de 15 años, Sergio Cárdenas de 29, y Nicolás Carrasco de 16. Y en estos crímenes está implicada la policía de la provincia; equivale a decir que está implicado el Poder Ejecutivo, el Estado rionegrino. Son hechos inéditos por su gravedad, y por lo que significan como indicio de degradación institucional.
Tan sólo estos acontecimientos bastarían para justificar nuestra enérgica condena. Pero a lo aleve de estas ejecuciones, se suma la procacidad de los dichos y las acciones de quienes debieran representarnos.
El asesinato no tiene justificación. Menos aún, cuando el Estado se involucra en él. Hubiéramos querido pues, una actitud de decencia. Hubiéramos querido que los responsables de estas muertes por acción u omisión se llamaran a silencio, pidieran perdón a su pueblo, hicieran saber su disposición a presentarse ante los jueces y a modificar sus políticas. Pero no es así. Un funcionario se pronuncia, no ante estas muertes, sino para lamentar un fallo judicial que obstaculiza su reelección. Otro alude a los dudosos antecedentes de la víctima, con lo que reedita la vieja y perversa justificación de los crímenes de Estado: algo estaba haciendo. Algún jefe policial, como en los años de plomo, condena la respuesta social a estos abusos, sosteniendo que esa respuesta es obra de agitadores profesionales. Y para llevar lo trágico al borde de lo risible, algún otro jefe sostiene que su subordinado disparó sin intención.
Apostábamos a que esto no sucediera jamás en Río Negro. Apostábamos también a que nunca tuviéramos que escuchar los argumentos del terror de Estado para justificar crímenes. Pero nuestros gobernantes nos han defraudado.
Pedimos que el discurso del poder político no condene a las víctimas. Pedimos que los gobernantes no penalicen la protesta llamándola agitación; que no conviertan la exclusión y la pobreza en delitos que justifican la mano dura. Que no les den mano libre a los conciudadanos que el pueblo arma, porque sólo deben servir a la ley. Que cuiden sus palabras y sus gestos, para que no nos sintamos un pueblo menospreciado en su capacidad de entender y juzgar. Y para que no se avance en el camino de la violencia.
Tratando de ver, más allá del dolor y la indignación, un camino para nuestra sociedad, exhortamos a una profunda revisión de los malos hábitos del poder político oficial. Más que desde una asamblea constituyente, esta revisión debe generarse desde todos nuestros ámbitos de comunicación, pensamiento, expresión y relación solidaria. Un Estado que incurre en estas prácticas debe ser motivo de alarma, de análisis incansable, de acciones correctoras.
Si esto no se hace, las muertes injustas carecerán aún más de sentido. Si esto no se encara, seguiremos viviendo en una sociedad en la que, digan lo que digan las leyes, no existen garantías para generar vida y verdad.
Ramón Minieri DNI 5.511.376
Raúl O. Artola LE 5.259.349